La gran cantidad de denuncias (fotos, audios y videos) que han realizado distintos ciudadanos, políticos y organizaciones nacionales e internacionales sobre los abusos cometidos por la policía colombiana durante las protestas del actual paro nacional, han tenido eco en el congreso de los Estados Unidos. Un total de 55 presentantes estadounidenses encabezados por el demócrata Jim McGovern, han hecho un llamado urgente su gobierno a través de un documento.
En un tweet publicado por el representante McGovern, se puede leer el siguiente mensaje:
Me uní a @repmarkpocan, @janschakowsky Y @RepRaulGrijalv para guiar a 55 miembros del Congreso a expresar su grave preocupación por la situación política y de derechos humanos en #Colombia e instar al gobierno de los Estados Unidos a denunciar de manera clara e inequívoca la brutalidad policial en Colombia.
Detalles del documento
Dentro del documento, dirigido a Antony John Blinken, actual Secretario de Estado de EEUU, los congresistas expresaron varias preocupaciones y solicitudes. Te compartimos a continuación algunos fragmentos traducidos al español:
Preocupaciones y denuncias sobre abusos.
“Estimado Secretario Blinken: Le escribimos para expresarle nuestra profunda preocupación sobre la situación política y de derechos humanos en Colombia, la cual permanece fuera de control a medida que la protesta legítima entra en una tercera semana. Instamos al Departamento de Estado y a todos los demás departamentos y agencias de los EE. UU. a que denuncien de manera clara e inequívoca la violencia, pidan una reducción inmediata, ayuden a calmar las tensiones y faciliten soluciones sociales y políticas inclusivas en Colombia”.
“Las fuerzas de seguridad de Colombia, especialmente su Policía Nacional, están más desatadas de lo que hemos visto en décadas de luchas: cientos de videos ciudadanos muestran el uso agresivo e indiscriminado de armas letales y no letales contra ciudadanos en formas que violan tanto la ley colombiana como los derechos humanos internacionales”.
Solicitudes a raíz de las preocupaciones.
“Específicamente, solicitamos al Departamento de Estado:
Emitir declaraciones claras, inequívocas y públicas pidiendo a las fuerzas de seguridad, especialmente a la Policía Nacional y la Policía Antidisturbios (ESMAD) de Colombia, que reduzcan la intensidad de su respuesta y pongan fin a todo uso indebido de la fuerza.
Suspender la asistencia directa de Estados Unidos, que no sea capacitación en derechos humanos, a la Policía Nacional de Colombia y establecer puntos de referencia concretos y alcanzables sobre mejoras en el uso de la fuerza y la rendición de cuentas judicial en casos de brutalidad policial pasados, incluidos los cometidos en el contexto de las protestas de noviembre de 2019 y septiembre de 2020.
El Departamento de Estado y otras agencias relevantes deben llevar a cabo una revisión exhaustiva de cómo se ha utilizado y se está utilizando la asistencia de Estados Unidos a la policía nacional colombiana, incluido el uso final,
Asegurar que el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional de Colombia (ESMAD) no reciba subvenciones de los Estados Unidos, directa o indirectamente. La ESMAD tiene una formación y una cultura que conducen a acciones inquietantemente agresivas y abusivas contra la población civil, incluidos los manifestantes que no representan ninguna amenaza.
Congelar las ventas comerciales y militares extranjeras de armas, equipos, servicios o capacitación de los EE. UU. Al ESMAD; y congelar cualquier subvención o venta de equipo antidisturbios o de control de multitudes a todas las demás fuerzas de seguridad, policía y unidades especiales de Colombia. Las licencias de Ventas Militares en el Extranjero y Ventas Comerciales Directas deben suspenderse de inmediato para evitar contribuir indirectamente a un mayor abuso y escalada.
Sobre el ejercito colombiano
El ejército colombiano ha estado luchando contra enemigos internos como grupos guerrilleros armados desde la década de 1960. Como tal, estableció una historia de ver a la población civil con sospecha. Además, tiene poca o ninguna capacitación en desescalada o control de multitudes y la probabilidad de una respuesta militar indiscriminada y desproporcionada es preocupante.
Rechazar públicamente declaraciones de altos funcionarios del gobierno colombiano, políticos, fiscales y otros que impliquen que las protestas o actos de vandalismo y desorden son planificados y coordinados por grupos terroristas. Esa retórica sirve como un pretexto peligroso para justificar una represión y una escalada aún más duras de la violencia contra la población civil.
Finalmente, y lo que es más importante, instar y fomentar el diálogo, y facilitarlo cuando corresponda.
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